Este 3 de junio es distinto e igual al mismo tiempo. Distinto porque el contexto imposibilita la realización de la ya clásica marcha. Igual, porque la violencia contra la mujer no sólo se mantiene sino que fue en aumento. Evidentemente, el contexto del aislamiento obligatorio profundiza las desigualdades y la violencia que sufren muchas mujeres. Hoy, a 5 años de la primera marcha Ni una menos, muchos son los avances pero todavía resta mucho por hacer.
El 3 de junio de 2015 muchas mujeres dijeron basta. Basta de violencia, basta de abusos, basta de femicidios, basta de injusticias y maltrato. Ese grito, acallado por siglos de sometimiento, finalmente se hizo escuchar y la histórica Plaza de Mayo se llenó no sólo de mujeres sino de familias enteras en repudio a la violencia machista y solicitando políticas públicas integrales que atiendan a las necesidades de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad. El documento que las organizadoras del movimiento leyeron contenía cinco puntos: la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la necesidad de un acceso garantizado a la justicia para las víctimas de violencia, la realización de estadísticas oficiales sobre femicidios, la implementación de la Ley de Educación sexual integral en todos los niveles educativos y la garantización de la protección de las víctimas de violencia.
La consigna “ni una menos” venía circulando socialmente desde marzo de ese año cuando un grupo de periodistas, investigadoras, artistas y activistas comenzaron a llevar a cabo acciones de visibilización de la violencia sufrida por muchas. La crueldad del femicidio de Chiara Paez, de tan solo 14 años, en la provincia de Santa Fe, renovó la fuerza de la consigna que se expandió rápidamente a través de las redes sociales. A partir de allí, muchas personalidades conocidas, actores, conductores de televisión, referentes sociales y organizaciones no gubernamentales, se hicieron eco del lema, lo que terminaría en la realización de la primera marcha “ni una menos”. Sería un día histórico. Por primera vez el país entero iba a movilizarse en contra de la violencia hacia la mujer.
Hoy, a 5 años de esa primera manifestación, podemos preguntarnos cuántos de esos reclamos efectivamente se llevaron a cabo. La ley para prevenir la violencia contra la mujer finalmente se implementó. Por su parte, la Ley de Educación Sexual integral recién ahora está pudiendo implementarse en todo el país luego de una gran campaña en su contra por parte de los sectores más conservadores que elevan su dedo acusador ante cada posibilidad de ampliación de derechos. Los mismos que se escandalizaban ante la ESI fueron los que luego apelaron a ella como una receta fácil para evitar la legalización del aborto. El doble discurso en su máximo esplendor.
Al respecto, en el 2015 el aborto era todavía un tema tabú para gran parte de la sociedad y de los medios de comunicación pero tres años después llegó a la agenda política y mediática, ocupando amplios espacios en la cobertura del debate en torno a la sanción de la ley. Sin bien la legalización del aborto sigue siendo una deuda para las mujeres y el debate no estuvo exento de polarizaciones maniqueas ni de un recrudecimiento de los discursos más conservadores, la sociedad argentina parecía estar más madura como para hablar sobre ciertos temas.
Los medios de comunicación, por su parte, también operaron un fuerte cambio en las coberturas y ya no hablaron más de crímenes pasionales, denominación que confina al femicidio al ámbito privado, al tiempo que esconde la dimensión pública de la violencia. Como resultado de ese cambio, actualmente, son muchos los medios que tienen su propia editora de género.
Por otro lado, en 2018 se aprobó la Ley Micaela que establece la obligatoriedad de la capacitación en género para todo el personal de los tres niveles del Estado. Sin embargo, el área judicial sigue siendo un área de difícil acceso para muchas mujeres víctimas de violencia.
El cambio de gobierno pareció traer una profundización de las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres. La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad marcó un punto de inflexión. Incluso, el propio presidente Alberto Fernández se manifestó sobre la cuestión en su discurso inaugural. “El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”, planteó enfáticamente. La cuestión de género pasa a ser una política de Estado.
Sin embargo, más allá de todos los avances, los femicidios no han dejado de crecer, fundamentalmente en los últimos meses de cuarentena obligatoria.
Según el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2019 hubo 252 femicidios, lo que equivale a una tasa de 1,1 femicidio cada cien mil mujeres, igual al año anterior. El 90% de las mujeres conocía a su agresor y el 60% de los casos se produjo en el ámbito del hogar. En lo que va de la cuarentena obligatoria, hubo hasta la fecha 57 femicidios según el informe elaborado por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro. Como resultado, 77 hijas e hijos quedaron sin madre. En el contexto del aislamiento obligatorio la violencia recrudece y las mujeres cuentan con menos herramientas para pedir ayuda, lo que convierte a su vivienda en el lugar más peligroso para su integridad emocional y física.
Más allá de las políticas públicas implementadas, de las acciones de la sociedad civil y de los avances en diversos ámbitos, hoy muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo. Los femicidios, la atroz consecuencia de una escalada de violencia, no dejan de aumentar. Y la respuesta a esta aparente paradoja quizá no sea cómoda ni fácil de aceptar.
El femicidio es posible porque hay una estructura social cuyos pilares sostienen la violencia hacia las mujeres. Creencias, estereotipos, valores, formas de comportamiento, imaginarios, que circulan socialmente a través de las generaciones y que conforman un entramado de significados que legitima la subordinación y el disciplinamiento. Una construcción social de sentidos que ayudamos a reproducir, a veces sin darnos cuenta, en acciones cotidianas. La violencia machista es estructural y atraviesa todos los campos en que se divide la experiencia del mundo.
¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta quizá esté en la educación porque es la única que puede hacernos cuestionar la realidad que nos rodea, es la que nos puede brindar las herramientas para tomar distancia y desnaturalizar lo establecido, es la que nos permitirá acceder a la información que necesitamos para conocer nuestros derechos, es la que puede transformar la realidad de muchos varones y mujeres, de muchos niñas y niños, es la que puede darle voz a aquellos que no la tienen. Y no sólo la educación obligatoria sino una educación transversal que recorra todos los ámbitos en que nos movemos. Sólo una formación en cuestiones de género es la que nos permitirá observar la realidad con otros lentes y cuestionar los mandatos y los estereotipos que contribuyen a sostener el patriarcado y la violencia.
