La presencia del celular en la vida escolar dejó de ser un fenómeno limitado a los adolescentes. En Argentina, el 59% de los estudiantes de tercer grado tiene un teléfono propio. Otro 23% utiliza el dispositivo de su madre, padre o algún familiar, mientras que solo el 18% no tiene acceso.
Los datos surgen del informe Celulares: ¿prohibir o no prohibir?, elaborado por Andrea Goldin —investigadora del Conicet y de la Universidad Torcuato Di Tella—, Martín Nistal y Tomás Besada para el Observatorio de Argentinos por la Educación.
El estudio analiza información del operativo oficial Aprender 2024, aplicado por la Secretaría de Educación de la Nación a estudiantes de tercer grado. También revisa investigaciones internacionales y regulaciones implementadas en diferentes países y provincias argentinas.
El crecimiento del acceso abre una discusión que las escuelas ya no pueden ubicar exclusivamente en la secundaria. A los ocho años, los dispositivos forman parte de la comunicación familiar, el entretenimiento, la búsqueda de información y, en algunos casos, de las actividades escolares.
Una discusión que no admite respuestas uniformes
Según la revisión presentada por Argentinos por la Educación, las políticas de restricción pueden reducir el uso de los dispositivos y las distracciones durante las clases. Sin embargo, las investigaciones relevadas ofrecen resultados dispares respecto de su impacto sobre el rendimiento académico.
Esto no invalida la necesidad de establecer límites. Señala que las regulaciones deben formar parte de una estrategia educativa más amplia, con propósitos claros y criterios compartidos.
No todas las situaciones requieren la misma respuesta. Una escuela puede definir momentos sin dispositivos para favorecer la conversación, la lectura o la concentración, y habilitar otros usos cuando el celular funciona como herramienta para investigar, registrar una experiencia o producir contenidos.
La construcción de acuerdos permite evitar que cada docente deba resolver el problema de manera individual. Las reglas institucionales brindan previsibilidad a estudiantes, familias y equipos educativos, al tiempo que pueden contemplar las particularidades de cada nivel.
Acceso no significa igualdad
La alta disponibilidad de celulares puede generar la impresión de que la brecha digital está resuelta. Sin embargo, tener un dispositivo no garantiza conectividad suficiente, acompañamiento adulto, conocimientos para evaluar información ni condiciones adecuadas para aprender.
El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación muestra diferencias territoriales. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los estudiantes de tercer grado tiene celular propio. En Misiones y Formosa, la proporción ronda el 40%.
También existen diferencias según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto posee un dispositivo propio, frente al 52% de quienes pertenecen al quintil más bajo.
Además, importan la calidad del equipo, el acceso a datos móviles y el tipo de uso. Cuando una actividad escolar depende del teléfono personal, estas diferencias pueden trasladarse directamente al aula. Por eso, cualquier propuesta pedagógica debe contemplar alternativas para quienes no cuentan con los mismos recursos.
Educar para utilizar y para desconectarse
La alfabetización digital incluye aprender a buscar información, reconocer contenidos engañosos, cuidar la privacidad y relacionarse de manera respetuosa. Pero también supone desarrollar criterios para decidir cuándo una tecnología resulta útil y cuándo conviene dejarla de lado.
Las escuelas pueden trabajar estas capacidades mediante situaciones concretas: analizar los permisos de una aplicación, revisar por qué una plataforma busca retener la atención, discutir qué información no debería compartirse o establecer momentos de desconexión.
Las familias necesitan participar de esa conversación. Las normas escolares difícilmente puedan sostenerse si no dialogan con las prácticas del hogar y con los usos cotidianos de niños y adolescentes.
El debate no se resuelve clasificando al celular como aliado o enemigo. La pregunta educativa es qué acuerdos, conocimientos y condiciones permiten que su uso no desplace la atención, el vínculo con otros ni los procesos necesarios para aprender.
