Cada 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio vuelve a poner en agenda una problemática que no puede explicarse a partir de una única causa ni abordarse desde una sola institución.
Prevenir supone escuchar, acompañar y generar condiciones para pedir ayuda. Pero también requiere que escuelas, servicios de salud, familias y sistemas de protección sepan qué hacer cuando aparece una señal de alarma y puedan sostener una intervención más allá del primer contacto.
En ese recorrido existe una dimensión menos visible: la información.
Una situación puede ser advertida por un docente, un familiar, un profesional de la salud o alguien del grupo de pares. Pero entre esa primera detección y una respuesta sostenida existen otros pasos: registrar, comunicar, derivar, acompañar y hacer seguimiento.
Cuando alguno de esos eslabones se debilita, también puede perderse una oportunidad de cuidado.
Una problemática particularmente presente en la adolescencia
Los datos oficiales permiten dimensionar el problema.
En 2023 murieron por suicidio 386 adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina, según la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Del total, 62 tenían entre 10 y 14 años y 324 entre 15 y 19. Entre estos últimos, 213 eran varones y 111 mujeres.
Consultar el informe de la DEIS sobre la población de 10 a 19 años
La vigilancia de los intentos permite observar otra dimensión. Desde abril de 2023, el intento de suicidio es un Evento de Notificación Obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se registraron 22.249 personas con al menos un intento notificado. El Boletín Epidemiológico Nacional muestra además que adolescentes y jóvenes se encuentran entre los grupos con mayores tasas de notificación.
El propio Boletín advierte que estos datos deben interpretarse con cautela. El crecimiento de las notificaciones no significa necesariamente que haya aumentado en igual proporción la cantidad real de intentos: desde 2023 también se amplió progresivamente la cantidad de jurisdicciones y establecimientos que registran el evento.
Más registros pueden significar también que el sistema está empezando a ver situaciones que antes permanecían invisibles.
La problemática tampoco se agota en los casos que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes. Cuando una persona adulta muere por suicidio, las consecuencias alcanzan también a sus vínculos y pueden involucrar a hijos, familiares, convivientes, escuelas y otras instituciones que forman parte de esa red. Sin embargo, las estadísticas nacionales de defunciones se organizan por variables como edad, sexo, jurisdicción y causa de muerte, pero no permiten identificar si la persona fallecida tenía niñas, niños o adolescentes a cargo. Esto limita la posibilidad de dimensionar estadísticamente cuántos menores quedan atravesados por estas situaciones y refuerza la importancia de que las estrategias de prevención y posvención contemplen no sólo a la persona en riesgo, sino también a sus redes familiares, educativas y comunitarias.
Del intento al registro: qué ocurre dentro de las instituciones
La pregunta por aquello que sucede entre la detección y el registro es uno de los ejes de una investigación doctoral que Viviana Stirnemann, licenciada en Psicología, vicedirectora de la Licenciatura en Psicología de Fundación Barceló y doctoranda en Ciencias de la Salud, desarrolla sobre intentos de suicidio en adolescentes en La Rioja.
“En mi investigación doctoral sobre el intento de suicidio en adolescentes observé que las prácticas de registro y notificación no dependen únicamente del conocimiento técnico o de la existencia de protocolos. También están atravesadas por la forma en que los profesionales comprenden estas situaciones, por el significado que le atribuyen al registro y por las condiciones institucionales en las que desarrollan su trabajo”, explica.
Ese punto desplaza el problema.
Tener un formulario o conocer una normativa no garantiza por sí solo que una situación sea registrada adecuadamente. Intervienen también la formación de los equipos, los criterios compartidos, los tiempos institucionales, la coordinación entre servicios y la manera en que cada profesional interpreta aquello que está observando.
Entre los hallazgos relevados por Stirnemann aparece un predominio de representaciones que entienden el intento de suicidio adolescente como expresión de un sufrimiento psicosocial y un pedido de ayuda, antes que como manifestación exclusiva de una enfermedad mental.
En esas interpretaciones aparecen los vínculos familiares, las trayectorias de vulnerabilidad, las desigualdades sociales y las condiciones de vida, aunque conviven con perspectivas más concentradas en explicaciones diagnósticas e individuales.
Este enfoque coincide con los lineamientos elaborados por UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación, que plantean que la problemática trasciende las fronteras de la salud mental y requiere respuestas interdisciplinarias, intersectoriales y comunitarias.
Leer “Abordaje integral del suicidio en las adolescencias”
La escuela puede detectar, pero no debería quedar sola
En adolescentes escolarizados, la escuela ocupa una posición especialmente relevante porque permite observar procesos a lo largo del tiempo y advertir cambios que pueden requerir atención.
UNICEF recomienda capacitar a directivos, docentes, preceptores y auxiliares para reconocer señales, realizar derivaciones oportunas, disponer de equipos internos y externos para situaciones críticas, conocer las instituciones locales con las que articular y registrar las intervenciones realizadas. También propone involucrar a los propios adolescentes en las estrategias preventivas.
Leer “El suicidio en la adolescencia. Situación en la Argentina”
Hay una idea especialmente importante detrás de estas recomendaciones: detectar no alcanza si después nadie sabe cómo continuar la intervención.
La función de la escuela no es realizar diagnósticos ni reemplazar al sistema sanitario. Su fortaleza está en conocer a los estudiantes, advertir cambios, habilitar espacios de escucha y contar con mecanismos claros para activar una red cuando resulta necesario.
El propio Ministerio de Salud sostiene que los ámbitos educativos pueden ser escenarios donde se manifiestan distintos padecimientos y que su abordaje requiere contemplar dimensiones subjetivas, familiares, vinculares, institucionales y sociales.
Salud y educación: construir el puente antes de necesitarlo
La articulación entre salud y educación resulta central porque una situación crítica no debería ser el primer momento en que una escuela busca saber qué recursos existen en su territorio.
Una red de prevención puede construirse antes: identificar centros de salud y referentes, acordar procedimientos de consulta y derivación, establecer criterios de comunicación y confidencialidad y definir cómo se acompañará el regreso o la continuidad escolar de un estudiante que atraviesa una situación de salud mental.
Las Asesorías de Salud Integral en Escuelas Secundarias, promovidas por UNICEF junto con el sistema sanitario, constituyen un ejemplo de esta lógica. El dispositivo busca acercar el sistema de salud al espacio escolar, ofrecer orientación, contención y derivación y generar una articulación coordinada entre ambos sectores.
Conocer las Asesorías de Salud Integral en Escuelas Secundarias
El valor de estas experiencias está precisamente en pasar de una articulación que se activa sólo ante una emergencia a otra en la que salud y educación ya cuentan con referencias y circuitos de trabajo compartidos.
Las familias también forman parte de la red de prevención
Las familias y los adultos de referencia ocupan otro lugar central, pero tampoco deberían quedar solos frente a una situación de riesgo.
Fortalecer ese entorno supone brindar herramientas para escuchar sin minimizar ni juzgar, reconocer cuándo es necesario buscar ayuda profesional y saber a qué dispositivos recurrir. También implica comprender que los propios adultos pueden atravesar situaciones de sufrimiento, sobrecarga o vulnerabilidad que afectan su capacidad de sostener a otros.
Por eso, una red de cuidado eficaz necesita observar simultáneamente al adolescente, su familia, la escuela, el sistema de salud y otros actores significativos del territorio. UNICEF plantea precisamente que los entornos protectores y la articulación entre instituciones constituyen componentes centrales de las políticas dirigidas a adolescentes.
Registrar no es convertir una historia en un número
Aquí vuelve a cobrar relevancia el trabajo desarrollado desde Fundación Barceló.
La investigación de Stirnemann pone el foco en que las prácticas de notificación no ocurren en abstracto: dependen de cómo trabajan las instituciones y de qué sentido atribuyen sus profesionales al registro.
El primer nivel de atención ocupa un lugar estratégico. Por su proximidad territorial con las personas, las escuelas, las familias y la comunidad, puede facilitar la detección temprana, el seguimiento y la articulación con otros dispositivos.
“La palabra necesita ser escuchada, pero también necesita encontrar instituciones capaces de alojarla, registrarla y transformarla en cuidado”, sostiene Stirnemann.
Registrar, desde esta perspectiva, no significa reducir una experiencia humana a una estadística. Permite saber qué está ocurriendo, reconocer patrones, identificar grupos y territorios que requieren mayor atención, dimensionar recursos y observar dónde se interrumpen los circuitos de cuidado.
UNICEF también ha señalado la necesidad de mejorar la articulación entre los actores que participan del registro, avanzar hacia sistemas de información coordinados y registrar las intervenciones realizadas por las instituciones educativas, siempre bajo criterios de confidencialidad y resguardo de la información.
Una red que pueda actuar a tiempo
La prevención es más sólida cuando ninguna institución pretende resolver el problema por sí sola. La escuela puede advertir una señal y generar un primer espacio de escucha; la familia puede aportar información sobre cambios ocurridos fuera del ámbito escolar; el sistema de salud puede evaluar la situación y brindar atención profesional; los organismos de protección pueden intervenir cuando existen vulneraciones de derechos, y los sistemas de información permiten que esas situaciones puedan ser reconocidas y consideradas en las decisiones públicas.
Lo decisivo es que existan puentes entre esas miradas y que estén construidos antes de que aparezca una situación crítica.
Por eso algunas herramientas que pueden parecer meramente administrativas —un referente identificado, un protocolo actualizado, un mapa de recursos territoriales, un procedimiento de derivación o un registro correctamente realizado— forman también parte de una política de cuidado.
En este 10 de septiembre, poner el suicidio en agenda no debería significar solamente hablar más del problema. También supone revisar qué ocurre después de que una institución o una persona identifica una señal de alarma: cómo se registra esa situación, qué circuito se activa, quién acompaña a la persona y a su entorno y cómo se garantiza que el seguimiento continúe más allá de la primera intervención.
Porque detrás de cada registro existe una persona, una historia y una red de vínculos.
Hacer visible aquello que necesita cuidado puede ser también una manera de actuar a tiempo.
Dónde pedir ayuda en Argentina
Ante una situación de crisis o urgencia en salud mental, el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte mantiene la línea gratuita 0800-999-0091, disponible las 24 horas, los 365 días del año y con alcance nacional. Pueden comunicarse tanto personas que atraviesan una situación de crisis como familiares, referentes afectivos, instituciones y equipos de salud. Consultar el dispositivo nacional de orientación y apoyo en urgencias de salud mental.
