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La discusión sobre niñas, niños, adolescentes y tecnología suele concentrarse rápidamente en un objeto: el teléfono celular. Cuántas horas lo utilizan, a qué edad deberían tenerlo, si corresponde permitirlo en la escuela o si las familias deberían establecer límites más estrictos.

La Unión Europea acaba de introducir otra dimensión en ese debate. Su nueva propuesta no busca prohibir los teléfonos a los menores, sino regular las condiciones bajo las cuales las plataformas digitales pueden relacionarse con ellos.

La Comisión Europea presentó el 17 de septiembre la EU KIDS Act, un proyecto de reglamento que establece distintos niveles de acceso según la edad y, al mismo tiempo, obliga a redes sociales, plataformas de video, videojuegos, tiendas de aplicaciones y determinados sistemas de inteligencia artificial a incorporar mayores protecciones para sus usuarios menores de 18 años.

La iniciativa había sido anticipada un día antes por Ursula von der Leyen durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Según informó Agencia EFE, la presidenta de la Comisión planteó que los menores de 13 años no puedan acceder a redes sociales, mientras que entre los 13 y los 14 años sólo puedan hacerlo mediante perfiles creados y supervisados por sus padres o tutores.

No es una prohibición del celular

La primera distinción resulta importante para un debate que también atraviesa a las escuelas. La regulación europea no prohíbe que los menores de 13, 15 o 16 años tengan un teléfono celular. Tampoco establece una prohibición general de internet.

El esquema propuesto funciona de manera gradual:

  • Antes de los 13 años, no podrán existir cuentas personales en redes sociales. Sí se contempla la posibilidad de acceder a determinados servicios audiovisuales especialmente diseñados para niñas y niños mediante una cuenta gestionada por un adulto.
  • Entre los 13 y los 14 años, un padre, madre o tutor podrá crear una “minicuenta” con funciones restringidas, contactos supervisados y un límite máximo de una hora diaria.
  • Desde los 15 años, los adolescentes podrán administrar una cuenta propia, pero las plataformas deberán garantizar condiciones especiales de seguridad para todos los usuarios menores de 18 años.

La Comisión descartó expresamente adoptar un esquema como el de Australia, que restringe las redes sociales para menores de 16 años. Según explicó EFE a partir de fuentes comunitarias, Bruselas considera que una prohibición completa no permitiría desarrollar una incorporación progresiva a la vida digital.

La diferencia no es menor. En lugar de establecer simplemente una frontera entre quienes pueden y no pueden utilizar una tecnología, Europa propone construir distintos niveles de autonomía digital según la edad.

El problema no está solamente en cuánto tiempo miramos una pantalla

El aspecto más significativo de la propuesta posiblemente no sea, sin embargo, la edad mínima. La propia Comisión Europea advierte que limitar el acceso sin modificar las características de las plataformas dejaría intacta una parte fundamental del problema: servicios diseñados para maximizar el tiempo y la atención de sus usuarios.

Por eso la KIDS Act incorpora el concepto de “seguridad por diseño”. Para los menores se limitarían mecanismos como el scroll infinito, la reproducción automática permanente, las notificaciones destinadas exclusivamente a recuperar la atención del usuario, las recompensas por regresar todos los días o ciertas estrategias que incentivan un uso compulsivo.

Las plataformas también deberán ofrecer pausas y herramientas de gestión del tiempo pensadas específicamente para proteger las horas de sueño y el horario escolar.

EFE señala además que la propuesta contempla restricciones sobre filtros que alteran la apariencia física, transmisiones en vivo realizadas por menores y determinados mecanismos de recompensa o transacciones económicas. Los perfiles deberán adoptar configuraciones de privacidad más altas por defecto y reducir las posibilidades de contacto no solicitado por desconocidos.

Una arquitectura diseñada para captar atención

Durante mucho tiempo, buena parte de las respuestas frente a los problemas asociados con las tecnologías digitales se concentraron en el comportamiento individual: aprender a administrar el tiempo, desarrollar autocontrol, desconectarse, silenciar notificaciones o evitar determinados contenidos.

Son aprendizajes necesarios. Pero dejan afuera otra dimensión: el entorno también enseña comportamientos.

Un sistema de notificaciones enseña cuándo regresar. Un scroll infinito elimina la decisión de continuar. Una recompensa diaria introduce una penalización simbólica por ausentarse. Un algoritmo de recomendación define qué aparece después de cada contenido.

Son decisiones de diseño, pero también constituyen una determinada arquitectura de interacción.

La propuesta europea introduce una modificación importante en ese sentido porque desplaza parte de la responsabilidad desde los usuarios hacia quienes construyen esas arquitecturas. La Comisión plantea que serán las propias compañías las que deberán demostrar que sus servicios son adecuados para cada edad y seguros por diseño.

Von der Leyen resumió ese cambio durante la presentación de la propuesta: no se trata únicamente de cuándo los menores acceden a las redes sociales, sino también de cómo las redes sociales acceden a ellos.

También la inteligencia artificial entra en la regulación

La discusión se extiende además a un territorio que empieza a ganar presencia entre adolescentes: los chatbots y compañeros de inteligencia artificial.

La KIDS Act establece que los sistemas accesibles a menores no podrán estar diseñados para simular relaciones humanas de una manera que pueda favorecer una dependencia emocional. También deberán existir mayores controles parentales para los menores de 13 años y los chatbots integrados dentro de plataformas o videojuegos no podrán activarse automáticamente.

La inclusión de la IA resulta relevante para el debate educativo.

La pregunta sobre las tecnologías que acompañan a niñas, niños y adolescentes ya no puede limitarse a redes sociales o teléfonos celulares. Los entornos digitales comienzan a incorporar sistemas capaces de responder, aconsejar, acompañar, personalizar contenidos e incluso simular vínculos.

Eso exige nuevas alfabetizaciones, pero también nuevas responsabilidades para quienes desarrollan estas herramientas.

¿Y qué lugar queda para las escuelas y las familias?

La regulación europea no elimina la responsabilidad de las familias ni vuelve innecesaria la educación digital.

Por el contrario, entre los 13 y los 14 años les asigna a los adultos una participación directa en la configuración de las cuentas. También introduce sistemas de verificación de edad destinados a impedir que el límite pueda eludirse simplemente ingresando una fecha de nacimiento falsa. La Comisión prevé utilizar mecanismos que permitan comprobar la edad sin entregar a las plataformas documentación de identidad o datos biométricos adicionales.

Pero la regulación abre una oportunidad para revisar qué responsabilidad corresponde a cada actor.

No parece razonable esperar que la escuela resuelva mediante una prohibición dentro del aula problemas generados por plataformas que acompañan al estudiante durante buena parte del resto del día. Tampoco que las familias compitan solas contra sistemas diseñados específicamente para capturar y retener atención.

Al mismo tiempo, regular el diseño no reemplaza la necesidad de aprender a utilizar críticamente esas tecnologías.

Una persona adolescente continuará necesitando comprender por qué recibe determinado contenido, cómo opera una recomendación algorítmica, qué información entrega, qué intereses económicos existen detrás de una plataforma y cuándo una herramienta está comenzando a decidir por ella.

De regular dispositivos a discutir entornos

La KIDS Act todavía no es una ley vigente. La propuesta presentada por la Comisión deberá ser discutida por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en norma. EFE señala que las fuentes comunitarias estiman entre ocho y doce meses de negociación y una aplicación seis meses después de su eventual aprobación. Por lo tanto, todavía pueden producirse modificaciones.

Pero la orientación elegida por Europa ya plantea una discusión relevante más allá de sus fronteras. Durante años discutimos cuánto tiempo debían pasar los chicos frente a las pantallas. Después comenzamos a debatir si los celulares debían entrar o no a las aulas. Ahora aparece una tercera pregunta: ¿qué responsabilidad tienen las arquitecturas digitales en las formas de atención, interacción y aprendizaje que producen?

Puede haber momentos educativos que requieran guardar el teléfono. Puede ser necesario que una familia establezca límites. Los estudiantes necesitan desarrollar criterios para habitar los entornos digitales con mayor autonomía.

Si una plataforma fue construida para prolongar deliberadamente el tiempo de permanencia, eliminar las pausas, recuperar constantemente la atención y personalizar los estímulos para cada usuario, enseñar autocontrol mientras esa arquitectura permanece intacta implica intervenir solamente sobre una parte del problema.

La propuesta europea empieza a poner bajo discusión también a la otra.

Y tal vez esa sea una de sus contribuciones más interesantes para la educación: desplazar el debate desde qué hacemos con los celulares de los chicos hacia una pregunta más amplia sobre qué tipo de entornos digitales queremos que aprendan a habitar.

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