Agenda 2022: El profundo desafío de la educación ambiental

Como toda normativa, la Ley de Educación Ambiental Integral (N° 27.621) tiene el gran desafío de traducir en acciones concretas sus objetivos.

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Por Mariano Fernández, docente en Gestión de Recursos Naturales – Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad CAECE.

La Ley de Educación Ambiental Integral (N° 27.621) fue generalmente bien recibida y es considerada como un paso importante para dar presencia a las temáticas ambientales en contextos educativos y de comunicación. Como toda normativa, tiene el gran desafío de traducir en acciones concretas sus objetivos.

Se plantean como ejes ordenadores de la normativa una serie de principios como el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, el respeto al valor de la biodiversidad y el cuidado del patrimonio natural que están relacionados a lo que más habitualmente se asocia con la temática ambiental.

Pero, también se abre la puerta con principios como el pensamiento crítico e innovador y la participación y formación ciudadana, a una instancia de profundización en la que la educación ambiental posibilite discusiones en la sociedad en cuanto a las distintas concesiones y elecciones que debemos afrontar en relación con los temas ambientales.

Estas se encuentran lejos de ser discusiones abstractas. A modo de ejemplo reciente, notorio y global podemos ver cómo a partir de principios de 2020, en el contexto del avance del coronavirus, se echaron por tierra sin mayores titubeos años de avances en cuanto a la disminución en el uso de materiales descartables (en especial plásticos), priorizando la reducción en las posibilidades de contagio.

Más allá del mérito desde el punto de vista sanitario de la decisión, lo interesante es que se tomó sin mayores consideraciones sobre el efecto ambiental. Resulta claro que aún hay un camino por recorrer para poder dar discusiones de este tipo, que resultan complejas y en las cuáles no hay una solución perfecta o correcta, si no que cada camino tiene sus ventajas y desventajas.

Otras discusiones semejantes podrían darse en términos de la transición hacia nuevos modelos de provisión de la energía que sostiene nuestra civilización, que no es un sendero libre de dificultades sino por el contrario sujeto a un abanico de discusiones.

Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios en los patrones de consumo y distribución de la electricidad a los que deberíamos estar dispuestos para llegar a una matriz eléctrica donde sea mayoritario lo generado a partir de fuentes renovables?, ¿es deseable terminar con la generación de electricidad a partir de centrales nucleares como se ha encarado en algunos países?, ¿en qué casos estaríamos dispuestos a disminuir el uso de energía en lugar de buscar formas menos contaminantes de generarla?

Estos casos son ejemplos de las tensiones entre el sistema económico y social que desplegamos y las posibilidades que ofrece el planeta. Analizar y tomar decisiones al respecto requiere de una alta incorporación en la sociedad de cuáles son las cuestiones en juego y de herramientas para interpretar las situaciones en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Estando esta normativa en una etapa naciente de implementación dada su reciente sanción, será interesante ver cómo avanza su puesta en práctica y si está alineada con ayudar a sustanciar las discusiones de fondo sobre el modelo de sociedad. Discusiones difíciles de llevar adelante, pero superadoras a pensar que existe un camino único y lineal para lograr un desarrollo sostenible.

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