Por la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
2020 será recordado, entre otras cosas, como uno de los peores años para las infancias y adolescencias. Las brechas existentes en el ejercicio de derechos se profundizaron y ampliaron la diferencia entre los sectores que acceden y aquellos que no.
El panorama que nos deja 2020 es aterrador. Hoy en el país la pobreza y la falta de acceso a alimentos es uno de los problemas más urgentes, pero no son los únicos. Acceso a la educación, al cuidado de la salud, al hábitat digno y a la protección contra toda forma de violencia también representan enormes desafíos para la gran mayoría de los niños y adolescentes del país.
Hay problemáticas que además de firme decisión política requieren largo plazo. Ni las brechas se resuelven de un día para el otro ni las estructuras sociales se recomponen mágicamente. Sin embargo, hay acciones que deben tomarse de manera prioritaria para asegurar que contingencias actuales no impliquen coartar aún más las posibilidades de aquellos más vulnerables.
Hoy, la necesidad de la presencialidad educativa está en el centro de la escena. El debate pareciera estar saldado. Ya prácticamente nadie duda que el retorno a las clases presenciales es esencial para poder garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación. El 2020 implicó muchísimos esfuerzos para toda la comunidad educativa. Para los docentes, para las familias, para los niños, niñas y adolescentes que, desde sus casas, hicieron malabares para sostener una escolaridad en formato virtual; pero los datos del Ministerio de Educación de la Nación son contundentes: la brecha digital, el acceso diferencial a dispositivos tecnológicos y conectividad digital no permiten garantizar aprendizajes igualitarios a estudiantes, que viven en hogares donde en el 52% de los casos no cuentan con una computadora en funcionamiento y el acceso a conectividad digital tampoco está garantizado.
Trabajar en garantizar internet como servicio esencial es central, porque es la base de la garantía de múltiples derechos; pero la presencialidad escolar, con todos los cuidados necesarios, debe volver. No podemos esperar un día más. La escuela cumple un rol central e irremplazable en la protección infantil y es un eslabón clave de la red de actores que contribuyen a que millones de niños y niñas accedan a otros derechos como la alimentación, el resguardo ante la violencia, el cuidado de la salud y en el desarrollo de habilidades sociales fundamentales. La falta de escolaridad presencial impide el desarrollo integral a la vez que genera mayor déficit de aprendizaje en un país que ya previo a la pandemia estaba marcado por la desigualdad. El derecho a la educación no puede estar sujeto a los enormes esfuerzos de docentes, familias y alumnas/os. Debe ser una prioridad del Estado y de las voluntades políticas.
Para 6 de cada 10 niños que viven en nuestro país, crecer es un ejercicio de supervivencia diario. Como sociedad tenemos el deber histórico de darle prioridad a un sector por años postergado. Es vital que el Estado comprometa Políticas Públicas que prioricen el cuidado, el desarrollo integral y la protección de cada niño/a o adolescente. En 2021, la presencialidad educativa será un pasó clave en esta dirección.
