Opinión de Lucas Esteban Delgado, Director de Sobre Tiza.
El acceso a la información es un derecho que cada vez se desdibuja más frente a la aparente facilidad de asirla. Las estaciones de radio, los diarios, los canales y señales de televisión, las redes sociales, páginas web, blogs, el “boca a boca”, el comentario a viva voz, los cortes de calle y sus banderas… no parece que debamos hacer demasiado, la información está allí, ¿para qué pedir por ese derecho de acceder a la información si todas las vías posibles están colapsadas de datos y fuentes que nos brindan información de calidad para nuestro deleite?
En los medios de comunicación trabajamos frecuentemente con mediadores de la información. Desde el Estado con sus equipos de prensa, hasta las empresas, que, con la intención de comunicar mejor, contratan agencias, emprolijan sus discursos, los adornan y los maquillan. Pero el Estado siempre, más allá de las complicaciones de acceder al comentario directo y no a través de los múltiples voceros y cargos sub a los que hay que pasar para obtener una fuente decisora real, tiene otra obligación respecto a la idea de Transparencia, a la que tanto se apuesta hoy en día. Un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas al pueblo soberano.
Con los conflictos recientes que tuvieron como eje los despidos y el desmantelamiento de Conectar Igualdad, al igual que del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa (PNIDE) hubo una fuerte contradicción. Los medios recibimos una información confirmando que el Programa lanzado en el 2010 funcionaba con “absoluta normalidad”, mientras que los más de 1000 trabajadores denunciaban la falta de pagos desde el cambio de gestión, la falta de claridad respecto a la continuidad de las políticas de inclusión digital y, al mismo, tiempo confirmaban que habían sido despedidos por Diego Marías, actual jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.
Durante el día viernes, la efervescencia fue en aumento, y durante el fin de semana hubo una aclaración oficial del Ministro Bullrich que decía lo siguiente:
Nada refería a los despidos de los trabajadores. Nada acerca de cómo seguiría el Programa Conectar Igualdad en su esencia pedagógica ni política. Educ.ar absorbería a una parte de los trabajadores del PNIDE pero la estructura se achica, así que las denuncias se hicieron efectivas mientras que aún se escuchaba el “absoluta normalidad” por parte de las autoridades (ver nota en La Nación).
A todo esto, ante la falta de una postura sincera y un vacío en cuanto al futuro de la política de inclusión digital en las escuelas, un estimado y excelente colega, Patricio Eleisegui, resumía en un artículo algunas de las cuestiones que rondaban en los vacíos de la comunicación oficial.
No es novedad que el sector privado ingrese al ámbito educativo, incluso Conectar Igualdad compró licencias de Microsoft para las netbooks antes de desarrollar Huayra Linux como sistema operativo alternativo, Intel fue uno de los principales promotores de esta política y los modelos de netbooks fueron resultado de prototipos que el coloso de los microprocesadores expandió en todo el mundo a través de diferentes fabricantes, y no podemos excluir a las editoriales educativas, que si bien no se llevaron el mejor puesto en la negociación, dado que las condiciones para ellos no fueron favorables, ahora vuelven al ruedo con la posibilidad de tener una participación mayor en el desarrollo de contenidos.
Además de Microsoft, Eleisegui señala algo que ya habíamos adelantado en Sobre Tiza (ver nota y opinión):
“El otro jugador que se vislumbra en el horizonte del acotado Conectar Igualdad que ya comenzó a delinear el macrismo no es otro más que el Grupo Clarín. De la mano de la editorial Tinta Fresca, el multimedio viene acercando posiciones con el Ministerio de Educación a fin de colocar dentro del portafolio de contenidos digitales toda su solución, precisamente, educativa.”
En el camino deberá doblegar a rivales de similar peso: Telefónica, con su propuesta Aula 365, y Grupo Prisa, que a principios de marzo cerró la compra de Carvajal Soluciones Educativas, esto es, la editorial Norma y sus sellos Kapelusz, Torre de Papel y Zona Libre.
Efectivamente, la concentración del mercado editorial educativo era el paso necesario para que grupos enfrentados en otras áreas, pasaran a disputarse un lugar en la nueva línea política y pedagógica de los programas de inclusión digital. La nueva política en la que el sector privado pasa a ser un actor clave para garantizar la continuidad de un programa que buscaba reducir las brechas digitales y sociales, en pos de una sociedad más igualitaria. Más allá que los resultados, los procesos de implementación y el uso partidario de Conectar Igualdad (Primaria Digital avanzó más lento y por debajo de la escena de la farándula política) nos dan pie para abrir muchas discusiones, volvemos a preguntarnos acerca de cómo esta concentración de los mercados puede influir en el carácter más simbólico de la enseñanza y el aprendizaje, cómo y quiénes educarán a los chicos de hoy, para qué futuro, para qué tipo de sociedad.
La puerta está abierta y muchos quieren entrar. La educación debe repensarse, los modelos, la pedagogía, pero no todo es TIC, no todo es digital. De manera que el acceso a la información es solo un derecho entre muchos otros que nos permiten seguir apostando a la emancipación de los poderes económicos, políticos, simbólicos, y ser más libres. Pero si las voces se unifican, será más difícil, y si el Estado es el principal promotor de esta unificación, seguiremos buscando las maneras de que nuestro mensaje siga apostando a la diversidad, a la igualdad y al desarrollo de sujetos libres, para una sociedad inclusiva e igualitaria.
