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Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encuentra con luces y sombras. Por un lado, la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) constituyó un avance importantísimo en materia de derechos de las mujeres. Una de las demandas históricas del movimiento feminista fue saldada el 30 de diciembre de 2020. Por otro lado, en Argentina una mujer es asesinada por su condición de género cada 30 horas y la justicia parece no escuchar las denuncias.

La pandemia producto de la expansión vertiginosa del Covid-19, en general, y las medidas de confinamiento, en particular, profundizaron tanto las situaciones de violencia de género como las desigualdades entre varones y mujeres.

El femicidio como el último eslabón de una escalada de violencia 

Durante la cuarentena las denuncias por violencia de género al número 144 se multiplicaron y el hogar se convirtió para muchas en el espacio más peligroso. Según un relevamiento realizado por Télam, la línea 144 atendió 108.403 llamados durante el 2020. De hecho, la vivienda fue y sigue siendo el lugar donde se comenten la mayor cantidad de femicidios, crímenes que se convierten en el último eslabón de una cadena de violencia, dominación y sufrimiento.

Sólo en lo que va del 2021 se han cometido 47 femicidios. A éste número llega el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas de MuMaLá, lo que arroja un promedio de uno cada 30 horas, que derivaron en que 55 niños, niñas y adolescentes se quedaran sin madre. Como plantea la gran Rita Segato, lejos de ser obra de desviados sociales, los femicidios son expresiones de una estructura simbólica y social que organizan nuestros actos. Es decir que los crímenes de mujeres no son más que producto del patriarcado.

Quizás, más que de femicidios, haya que hablar de feminicidios, término que contiene la misma terminación de genocidio y que subraya tanto la responsabilidad como la inacción del Estado en la cuestión. Siguiendo al observatorio de MuMaLá, el 29% de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor y el 19% contaba con una orden de restricción de contacto o perimetral. La antropóloga Marcela Lagarde lo anuncia con contundencia: “el feminicidio es un crimen de Estado”, plantea, y lo define como el “conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional.”

El compromiso y las acciones del Estado en esta materia son fundamentales. Hoy el presidente Alberto Fernández y los gobernadores y gobernadoras firmaron el “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género” a través del cual se comprometen, entre otras cuestiones, a integrar un consejo federal para la prevención y abordaje de femicidios, a adherir a un registro único de denuncias por violencia de género y a llevar adelante un sistema integrado de casos de violencia por motivos de género. Habrá que esperar para ver los resultados de estas acciones pero más allá de cada iniciativa que podemos celebrar, hay todavía muchos prejuicios, estereotipos e imaginarios que es necesario deconstruir porque son en gran medida los que obstaculizan el acceso a derechos y a información confiable.

Desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado

En otro orden, durante la cuarentena las tareas domésticas y de cuidado han recaído fundamentalmente sobre las mujeres, muchas de las cuales se vieron sobreexigidas al tener que combinar este trabajo no remunerado con sus actividades profesionales. Otras, se han visto imposibilitadas de acceder a un trabajo formal fuera de sus hogares por la obligación de llevar adelante el cuidado de niños, niñas, de la casa y de personas mayores. La imposibilidad de repartir esas tareas entre otros miembros de la familia afecta negativamente sus trayectorias personales y su desarrollo profesional. Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 15,9% del PBI, constituyéndose así en el sector que más aporta a la economía nacional.

Precarización laboral y brecha de género

Al mismo tiempo, la discriminación por género también se hace presente en todos los ámbitos en los que se desarrollan las mujeres. En el corporativo, los techos de cristal funcionan de tal manera que sólo los varones pueden llegar a ocupar cargos jerárquicos. La precarización laboral y el desempleo afectan más a mujeres que a varones y, a su vez, ellas obtienen menores salarios por iguales tareas y puestos.

Y lo mismo sucede la cultura, ámbito donde los lugares de referencia todavía son ocupados en su mayoría por varones. Dramaturgos, escritores, directores cuyos nombres se cristalizan como fuente de reconocimiento social, al tiempo que todavía la mirada androcéntrica sigue permeando puestas en escena, programaciones de festivales y eventos culturales.

En los medios de comunicación la situación tampoco es la mejor. Según un relevamiento realizado por Chicas Poderosas, muchas periodistas y comunicadoras han sufrido desde acoso y hostigamiento hasta precarización y deslegitimación de sus tareas laborales por el solo hecho de ser mujer. Y esto es sólo un brevísimo recorte. Sabemos que también en la ciencia, la tecnología, el deporte y la educación, las mujeres también son discriminadas por su condición de género. Y cada vez que una mujer ocupa un puesto de jerarquía es anunciado como la excepción a la regla. Cuando una mujer sea noticia por sus logros y trayectoria, más allá de su género, sin importar siquiera, habremos tenido un verdadero cambio cultural.

Iniciativas como la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género para quienes ocupan puestos en el sector público son bienvenidas y contribuyen a derribar estereotipos y a ampliar la mirada. La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) resulta fundamental para contribuir a que los niños, niñas y jóvenes accedan a una información de enorme valor para vivir sus trayectorias afectivas en libertad pero todavía se encuentra con algunas resistencias para poder implementarse. Tenemos por primera vez un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y eso marca una agenda política de género, que se ha traducido en una serie de acciones que esa cartera viene llevando a cabo.

Sin embargo, el sistema patriarcal todavía nos confisca, nos discrimina, nos domina, nos invisibiliza y nos quiere silenciar. Todavía nos matan por ser mujeres. La lucha sigue hoy más que nunca.

 

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