El Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA) anunció que 78 instituciones provenientes de 11 países de la región se postularon para participar del “Concurso de Innovación para la Justicia Educacional en América Latina”. Esta iniciativa, diseñada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca identificar y promover soluciones que den respuesta a los principales desafíos y problemáticas que enfrentan los sistemas educativos de la región, a través de un modelo de experimentación, desarrollo y evaluación de innovaciones educativas efectivas.
Según informaron en su página web, de las organizaciones que se postularon es 33% pertenece a Chile, 21% a la Argentina, 15% de Colombia, 12 % de México y 4% de Brasil. De esas instituciones, 63% son privadas sin fines de lucro, 19% públicas y 18% son organizaciones privadas con fines de lucro. También hay postulaciones provenientes de Perú, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Guatemala.
“Buscamos generar innovaciones de bien público pero enfocado en ocho grupos críticos y excluidos y que además sean transferibles”, explicó Javier González, Director de SUMMA.
Algunas de las temáticas prioritarias son: educación en contexto de privación de libertad, migrantes, pueblos originarios (educación intercultural bilingüe), necesidades educativas especiales, brechas de género, LGTBI+ (diversidad sexual e identidades de género), pobreza y exclusión socio-económica, ruralidad.
Las instituciones podían postularse en dos categorías:
- Innovaciones promisorias dentro de la región que requieran apoyo técnico y monetario para mejorar su modelo de intervención.
- Innovaciones consolidadas dentro o fuera de la región que requieran apoyo técnico y monetario para su contextualización (en caso de ser necesario) y medición de la efectividad a través de una evaluación de impacto.
Del total de las postulaciones, 66% corresponden a la categoría de innovaciones promisorias, que son las que requieren apoyo técnico y monetario para mejorar su modelo de intervención; y 12% a la categoría de innovaciones consolidadas, que son las que requieren apoyo técnico y monetario para su contextualización (en caso de ser necesario) y medición de la efectividad a través de una evaluación de impacto.
Por otra parte, el 37% de las iniciativas presentadas corresponden a programas educativos integrales, 19% a plataformas digitales, 10% a talleres o capacitaciones, 8% son proyectos vinculados a generación de contenido por Whatsapp o apps. En menor proporción, se presentaron iniciativas de formación docente o directiva, tutorías online, material pedagógico o propuestas de red.
Las innovaciones postuladas serán evaluadas por un panel de evaluación externo y un panel de adjudicación compuesto por reconocidos expertos, académicos y autoridades del mundo educativo de distintos países de la región.