En el medio de la tensión entre el Gobierno y los docentes, CIPPEC publicó un nuevo informe sobre los cambios en la última década en materia de financiamiento de la educación en Argentina. Más allá del compromiso del Estado para destinar el 6% del PBI al gasto en educación, en el informe elaborado por Axel Rivas y Daniela Dborkin se señala que cuando se analiza en detalle la evolución del financiamiento educativo a nivel nacional y provincial, saltan a la vista las grandes disparidades que existen entre las provincias.

Los especialistas señalan que el 60% del gasto nacional en educación se destina a la Educación Superior, mientras que los fondos salariales representan el 17%. No obstante, el gasto de las provincias varía mucho en cada caso y pudiendo analizarse las disparidades de cada jurisdicción en relación a tres ejes: el esfuerzo educativo (qué porcentaje representa el gasto educativo en el gasto total provincial), el salario docente y el gasto por alumno estatal (ver gráfico).

Con respecto al salario docente, tema que ocupa gran parte de la discusión educativa durante los meses previos al inicio del ciclo lectivo, desde CIPPEC afirman: “Con el cambio de gobierno en el año 2016 se observa una reducción en términos reales del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Sin embargo, las partidas salariales han ido en la dirección contraria en ese primer año, incrementando el esfuerzo nacional por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) aún a costa de disminuir drásticamente las partidas destinadas a otros fondos educativos”.

Los especialistas señalan que los datos aún no permiten determinar una tendencia, debido a que se trata de sólo un año de referencia. Aun así, se evidencia que el salario real de los docentes en casi todas las provincias baja entre 2015 y 2016 (ver gráfico).

La distribución de los recursos nacionales está concentrada en el complemento del salario docente que se distribuye a las provincias. La distribución igualitaria del FONID no reduce las inmensas desigualdades salariales entre las provincias. En cambio, el Fondo Compensatorio Salarial fue creado con este fin y no ha tenido criterios transparentes de distribución”, afirman.

En base al diagnóstico sobre la evolución del financiamiento educativo, desde CIPPEC elaboraron una serie de recomendaciones para dar respuesta a los desafíos de reducir la desigualdad en las provincias:

  • En el financiamiento educativo el mayor impacto sobre las desigualdades educativas lo podría producir el reparto de los fondos salariales. Se sostiene un argumento centrado en la equidad fiscal y en el objetivo de disminuir la brecha entre los salarios docentes que tienen las provincias.
  • Para lograr reducir las desigualdades del financiamiento educativo entre las provincias, el FCS podría crecer (ya sea en términos absolutos y/o en su participación en relación con el FONID) y tener criterios de distribución transparentes y objetivos.
  • Una fórmula objetiva para repartir el FCS debería estar basada en dos componentes, además del más obvio que es la cantidad de docentes de cada provincia: los recursos fiscales por habitante y el esfuerzo financiero por la educación. A menos recursos por habitante y a mayor gasto en educación frente al gasto total de cada provincia, el gobierno nacional debería incrementar su transferencia de salarios docentes. Así se lograría un esquema que reduce la raíz de las desigualdades en el financiamiento educativo. El primer componente debería tener mucho más peso que el segundo, dado que los recursos fiscales son la causa central de la desigualdad en el salario docente. El mayor esfuerzo financiero por la educación podría ser tomado como un criterio que premia e incentiva a las provincias que más invierten en educación.
  • Otras vías que exceden la política educativa comprenden un esquema de coparticipación más justo y basado en parámetros objetivos, un modelo de desarrollo que genere mejores condiciones económicas en las provincias más pobres, entre otras.

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